por Ian Vásquez
Cato Institute (Washington) 2006
Entre las libertades que se valoran en una sociedad libre—libertad económica, política y civil—la libertad económica ocupa un lugar singular. No es sólo un fin en sí mismo, sino que sustenta las demás libertades. Cuando la elección personal, el intercambio voluntario y la protección de la propiedad privada no están asegurados, es difícil imaginar cómo se pueden ejercer de modo significativo la libertad política o las libertades civiles.
En 1962, el premio Nobel de Economía, Milton Friedman, observaba:
La historia habla con una sola voz de la relación entre la libertad política y el libre mercado. No conozco ningún ejemplo de una sociedad que se haya caracterizado por su gran libertad política y que no haya empleado asimismo algo parecido al libre mercado para organizar la mayor parte de su actividad económica.
El colapso de la planificación central en el Tercer Mundo y el socialismo mismo en los últimos 20 años parece apoyar la tesis de Friedman. El aumento de la libertad económica ha acompañado un aumento de las libertades políticas y civiles en todo el mundo, y ambas han sido significativas, a medida que los países se han alejado del autoritarismo y han abierto sus mercados.
La libertad económica La libertad económica es un fin deseable por si mismo ya que amplía generalmente la gama de opciones que tiene el individuo en su condición de consumidor y productor. Sin embargo, la función social más amplia de la libertad económica se subestima muchas veces, incluso por aquellos que creen en el pluralismo político, los derechos humanos y la libertad de asociación, religión y expresión.
No obstante, la descentralización de la toma de decisiones económicas respalda la sociedad civil, al crear el entorno en el que pueden existir organizaciones de todo tipo sin tener que depender del estado. En un país en el que existe libertad económica, el sector privado puede amparar las instituciones de la sociedad civil. Por lo tanto, es más probable que existan iglesias, partidos políticos opositores y una diversidad de empresas y medios de comunicación auténticamente independientes en lugares donde el poder económico no esté concentrado en las manos de los burócratas o los políticos.
Por definición, la liberalización económica entraña una pérdida por sobre la totalidad del control político de la ciudadanía. Eso es algo que los gobiernos autoritarios de todo el mundo han descubierto en la actual era de mundialización. Las dictaduras han dado paso a las democracias en países que empezaron a liberalizar sus mercados en las décadas de 1960 y 1970, entre ellos Corea del Sur, Taiwán, Chile e Indonesia.
Con la elección del presidente Fox en el 2000, la liberalización del mercado de México en los años noventa ayudó a poner fin a más de 70 años del régimen unipartidista del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que el novelista peruano Mario Vargas Llosa calificó en una ocasión de "dictadura perfecta".
La libertad económica permite que las fuentes de riqueza independientes equilibren el poder político y alimenten una sociedad pluralista. Cuando el estado, por ejemplo, controla o ejerce un control indebido de la banca, el crédito, las telecomunicaciones o la prensa, controla no sólo la actividad económica, sino también la expresión. Al mundo le ha llevado demasiado tiempo reconocer la verdad de la declaración de Hilaire Belloc, un escritor de principios del siglo XX, de que "el control de la producción de la riqueza es el control de la vida humana misma".
En consecuencia, el dilema que encara el Partido Comunista chino es de sobra conocido. Para mantener la estabilidad social, China debe continuar la liberalización económica que ha estimulado más de dos décadas de fuerte crecimiento. Pero las reformas de mercado han conferido a centenares de millones de chinos mayor independencia del estado y creado una clase media incipiente que reclama cada vez más libertad política y representación. El partido desea mantener su poder político, pero la liberalización económica socava ese objetivo. Por otro lado, poner fin a la liberalización reduciría el crecimiento y causaría inestabilidad.
Como en el caso de China y otras innumerables naciones, la libertad económica estimula el pluralismo político al fomentar un crecimiento que engendra una clase media y ciudadanos menos dependientes del estado. La evidencia empírica respalda esa relación.
El estudio empírico más abarcador sobre la correlación entre las políticas e instituciones económicas de un país y su nivel de prosperidad, es el Informe sobre la Libertad Económica en el Mundo, elaborado por el Instituto Fraser de Canadá.
El estudio analiza 38 variables para medir la libertad económica de 127 países, desde el tamaño del gobierno hasta el estado de derecho y la política monetaria y comercial, durante un periodo que abarca más de 30 años. El estudio encuentra una perceptible relación entre la libertad económica y la prosperidad. Las economías más libres tienen un ingreso per cápita promedio de 25,062 dólares, en comparación con un ingreso de 2,409 dólares en los países menos libres. Las economías libres crecen también más rápidamente que las economías menos libres.
En los últimos 10 años el crecimiento per cápita fue de 2.5 por ciento en los países más libres y 0.6 por ciento en los menos libres.
El estudio del Instituto Fraser encontró también que la libertad económica está fuertemente vinculada con la reducción de la pobreza y otros indicadores de progreso. El índice de pobreza humana de las Naciones Unidas se relaciona negativamente con el índice Fraser de libertad económica. El nivel de ingresos de 10 por ciento de la población más pobre de países con mayor libertad económica es de 6,451 dólares, comparado con 1,185 dólares en los países menos libres. Además, la gente que vive en el 20 por ciento superior de la escala de países, en términos de libertad económica, tiende a vivir 25 años más que la gente que vive en países que se clasifican en el 20 por ciento inferior. La disminución de la mortalidad infantil, el aumento de las tasas de alfabetización, la menor corrupción y el mayor acceso al agua potable apta para el consumo, también acompañan el aumento de libertad económica.
El índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas se relaciona positivamente con una mayor libertad económica. De modo significativo, así lo hace también el índice de libertades políticas y civiles elaborado por Freedom House: los países con más libertad económica tienden también a disfrutar más de las demás libertades.
El crecimiento auto-sostenido ha dependido, de hecho, durante mucho tiempo, de un entorno que estimula la libre empresa y la protección de la propiedad privada. La pobreza masiva de la que escapó Occidente en el siglo XIX ocurrió en semejante entorno que, a su vez, inició la era moderna de crecimiento económico. Incluso antes de esa fecha, la aparición de una clase comercial de agricultores en Inglaterra, dio ocasión a su representación en el Parlamento donde pudo limitar con éxito, en el siglo XVII, las confiscaciones arbitrarias de riqueza que efectuaba la corona; en pocas palabras, el surgimiento de la agricultura comercial ayudó a establecer la monarquía constitucional.
Las limitaciones del poder del gobierno fortalecieron los derechos de propiedad y el estado de derecho, factores importantes en el auge de Gran Bretaña como primera potencia económica y política en el mundo. A medida que Gran Bretaña se hizo más rica, se convirtió, por supuesto, en una democracia.
Pruebas más recientes apoyan la idea de que el crecimiento y los niveles de ingreso más altos conducen a la democracia o, por lo menos, ayudan a mantenerla. Los politólogos Adam Przeworski y Fernando Limongi estudiaron 135 países entre 1950 y 1990 y encontraron que "el ingreso per cápita es una buena variable de predicción de la estabilidad de las democracias". Por ejemplo, descubrieron que en países con ingresos per cápita inferiores a 1.000 dólares (en dólares PPA 1985), las democracias podían sobrevivir una media de ocho años. (PPA significa paridad de poder adquisitivo, teoría que sostiene que las tasas de cambio de las monedas de dos países están en equilibrio cuando su capacidad adquisitiva es la misma en dichos países). Cuando los ingresos oscilan entre los 1,001 y los 2,000 dólares, la probabilidad de supervivencia de la democracia era de 18 años. Las democracias de países con ingresos superiores a 6,055 dólares podían esperar durar para siempre.
La libertad económica genera crecimiento, pero no siempre conduce a la democracia. Hong Kong y Singapur, que se cuentan entre las economías más libres del mundo, son ejemplos notables. Tampoco la riqueza es, por sí sola, siempre el producto de la libertad económica, como constatan algunos países ricos en recursos y con ingresos relativamente altos, pero donde el poder económico está estrechamente controlado por el Estado; como es de esperar, las libertades civiles y políticas están también severamente limitadas en esos países. La función central de la libertad económica en la democracia es, empero, evidente. Puede ser una fuerza poderosa para la promoción de la democracia, y para sostener la libertad política se necesita una buena dosis de libertad económica.
La democracia liberal y el estado de derecho Democracia no es sinónimo de libertad. Como hemos comprobado, una democracia a la que no acompañan las otras libertades difícilmente tiene éxito al limitar el poder arbitrario de las autoridades políticas, aunque éstas puedan haber sido electas. Por lo tanto, en la actualidad se hace hincapié en fomentar el estado de derecho, componente esencial tanto de la democracia liberal como de la libertad económica.
Es axiomático que el estado de derecho es necesario para que una democracia funcione bien. Cada vez se valora más que el estado de derecho es también necesario para el desarrollo económico. Por ejemplo, el Informe sobre la Libertad Económica en el Mundo descubrió que ningún país con un estado de derecho débil podía sostener una tasa de crecimiento sólida (superior a 1.1 por ciento), una vez que el ingreso per cápita superaba los 3,400 dólares. Dicho de otra manera, una vez que una economía alcanza cierto nivel de desarrollo, las mejoras relativas al estado de derecho son esenciales para sostener el crecimiento.
Es posible que, al contrario de las reducciones arancelarias o las privatizaciones, el estado de derecho no se pueda fomentar directamente. Puede muy bien ser también que el estado de derecho ocurra después o aproximadamente al mismo tiempo que se corrigen las otras cosas.
Adelanto una modesta propuesta: en lugar de centrarnos en fomentar directamente el estado de derecho, deberíamos estar creando un entorno en el cual pueda evolucionar el estado de derecho. Entre otras cosas, quiere decir que se debe promover las reformas del mercado o la libertad económica. Para muchos países pobres, ello incluye reducir el tamaño del gobierno. Los países que hoy cuentan con un vigoroso estado de derecho, establecieron primero esa institución y sólo después aumentaron el tamaño de sus gobiernos.
Desafortunadamente, muchos países pobres intentan hoy día repetir ese proceso al revés. Por ejemplo, en países tan diversos como Brasil, Eslovaquia, la República del Congo y Rusia, la parte que corresponde al gasto gubernamental supera 30 o 40 por ciento del producto interior bruto. En lugares donde los gobiernos siguen siendo grandes, los intentos de promover el estado de derecho están destinados a fracasar, o resultarán extremadamente difíciles. Efectivamente, aunque durante los últimos 20 años la tendencia ha sido un aumento tanto de libertad económica como política en el mundo, la mayoría de los países tienen todavía un largo camino que recorrer para llegar a la libertad económica. Puede que Rusia haya abandonado el socialismo, pero ocupa el puesto 115 entre los 127 países que conforman el índice de Libertad Económica en el Mundo.
El escritor Fareed Zakaria observa, además, que la mayoría de las democracias pobres del mundo son democracias no liberale, es decir, regímenes políticos en los cuales no están bien establecidas las libertades, salvo la libertad de elegir a los que gobiernan. Señala que en Occidente se desarrolló primero la tradición constitucional liberal y la transición a la democracia apareció más tarde. Por ejemplo, en 1800, en Gran Bretaña, quizás la sociedad más liberal del mundo en ese momento, votaba sólo dos por ciento de los ciudadanos. Zakaria indica además que en las sociedades no occidentales que han hecho recientemente una transición a la democracia liberal, como es el caso de Corea del Sur y Taiwán, el capitalismo y el estado de derecho también sucedieron primero. Esa pauta puede explicar por qué regiones como América Latina, que primero se han democratizado y luego han iniciado la liberalización económica, han pasado momentos particularmente difíciles al promover la libertad o crecimiento económicos.
Hoy, países de Europa Oriental y Central, de América Latina y de otras partes tratan de alcanzar al mismo tiempo, con diferentes grados de éxito, tanto la democracia como la libertad económica. En algunos casos, se ha frenado la libertad económica o ya no tiene prioridad, cosa que es de mal agüero para la democracia. En otros casos, como el de Estonia, la libertad económica ha aumentado constantemente, fortaleciendo así la democracia. Aquellos de nosotros que creemos en el capitalismo democrático ya sea si vivimos en democracias ricas, democracias pobres o estados autocráticos no debemos perder de vista nunca la función central que cumple la libertad económica en el logro de una sociedad libre.
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